La política de seguridad alimentaria ha roto el paradigma de entender la pobreza y del hambre solo en términos de exclusión, lo cual implica creer que se trata de unos sectores marginados que deben ser integrados al segmento de la economía que sí funciona bien.
Los ataque hacia los comedores comunitarios durante el último mes, en donde los aspectos mínimos por mejorar y que se están mejorando, los hacen ver como una gran calamidad, tienen una solo explicación, golpear la política pública de seguridad alimentaria.
En el debate público sobre las condiciones en que están operado algunos comedores comunitarios, es claro que nadie se opone que las mejoras se implementen, incluso son los mismos operadores los que más han luchado para que este derecho a la alimentación se garantice en condiciones dignas, por una sencilla razón, los operadores hacen parte de la comunidad, son la comunidad organizada.
Frente a lo que hay que alzar la voz de protesta es a la manipulación de la información por parte de los medios y las fuerzas políticas tras ellos, que están haciendo campaña por la alcaldía de Bogotá, a costa de golpear un proyecto ejemplo a nivel mundial por construir una política de seguridad alimentaria.
La defensa no es solo por la comunidad organizada que asume la figura de operadores, ni solo por una ración diaria de almuerzo, sino por la defensa de una política de seguridad alimentaria que no podemos permitir que se desmonte.
El llamado es a defender el conjunto de estrategias orientadas a garantizar el derecho a la alimentación de todos los bogotanos y bogotanas mediante el diseño, implementación e institucionalización de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá
Estamos hablando de la defensa de los Comedores Comunitarios, la Alimentación Escolar, la Alimentación a niños de 0-5 años, adultos mayores y madres lactantes y gestantes, la Alimentación población vulnerable (Jóvenes, habitantes de la calle y familias desplazadas.), el Bonos de alimentos y los Mercados campesinos.
Estamos hablando de la defensa del componente de inclusión social, el fuerte de esta política, en donde la comunidad viene entendiendo que el fenómeno del hambre obedece a una serie de factores sociales, institucionales y económicos, que conducen a la existencia de personas en estado de inseguridad alimentaria. Ahora se entiende que algunos de estos factores son: las iniquidades en la distribución de los recursos productivos entre los habitantes, el uso ineficiente de los suelos, la ausencia de una política de seguridad y soberanía alimentarias, el sesgo anti-rural de la política económica, entre otros. Es a través de la inclusión social que practica los comedores comunitarios que la comunidad viene entendiendo que el problema del derecho a la alimentación sólo puede ser solucionado con unos esfuerzos coordinados de varias instituciones en distintos frentes, es decir, con una verdadera políticas de seguridad alimentaria que parta de reconocer el derecho a la alimentación como un problema no resuelto. ¿Sera que esto le incomoda a alguien?
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