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jueves, 23 de septiembre de 2010

57 POR CIENTO DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS EN BOGOTÁ, ESTÁN IMPLEMENTANDO MEJORAS PARA OBTENER AVAL DE SALUD PÚBLICA

Defender los comedores comunitarios, es defender la alimentación como un derecho

En las últimas semanas han salido varios artículos sobre los comedores comunitarios por los medios de comunicación, pero por la forma en que maneja la información, uno pensaría que mas que comunicar, apuntan a desprestigiar una política distrital que desde un principio ha tenido enemigos por el simple hecho de salirse de la lógica del mercado y reconocer la alimentación como un derecho fundamental.

Si bien hay varios temas a mejorar en el ejercicio de garantizar este derecho fundamental, no hay que ser ingenuos al reconocer el contexto político en que se dan esas notas periodísticas. La puja electoral por la alcaldía de Bogotá.

No es gratuito que los más interesados en darle una interpretación a los resultados de los interventores y personería sean los partidos de oposición a la gestión del Alcalde y su política de “Bogotá bien alimentada” como es el caso del partido verde, Movimiento Mira, libarles, conservadores y partido de la U.

Seamos claros, esas interpretación que se convierten en titulares de prensa como “57 por ciento de los comedores comunitarios en Bogotá, no tienen aval de salud pública” o "comedores comunitarios perdiendo el año", no es el ejercicio del Bogotano del común ejerciendo control ciudadano como debería de ser, sino el ejercicio pre electoral de quienes pretender suceder al PDA en la alcandía, desprestigiando uno de los programas banderas a nivel mundial, para más tarde poder desmontarlos sin mayor resistencia.

Lo que no comentan esos titulares de prensa es que hay un esfuerzo mancomunado entre el Distrito y las comunidades organizadas que asumiendo la figura de “operadores” para garantizar este derecho apegados a las exigencias de los anexos técnicos, la vigilancia de la interventora (6 visitas el mes), los órganos de control y el cumplimiento de todas las normas como es el decreto 3075 de 1997 sobre Buenas Practica de Manufactura. No dicen que las mismas leyes estipulan un tiempo prudente para la adecuación de los establecimientos según concepto de salud pública, y que por ende el 57 por ciento de los comedores están implementando, en los tiempos estipulados por la ley, las mejoras necesarias para ajustarse a las normas y obtener el aval de salud pública

¿Por qué el titular no es diferente?, ¿Por qué no dicen? “57 por ciento de los comedores comunitarios en Bogotá, están implementando mejoras para obtener aval de salud pública y garantizar el derecho a la alimentación.”.

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